Eficacia Legislativa: ¿Más normas garantizan mayor desarrollo?

Existe una creencia arraigada en nuestra cultura política y jurídica: pensar que la realidad se cambia por decreto. A menudo, medimos la productividad de un Congreso o de una entidad reguladora por la cantidad de normas que emiten, bajo la falsa premisa de que «a más leyes, más orden». Sin embargo, desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho y la Regulación, la realidad es muy distinta. La «inflación legislativa» no solo no garantiza el desarrollo, sino que a menudo se convierte en su principal freno.

El costo oculto de la «Inflación Normativa» Cuando el ordenamiento jurídico se satura de normas, reglamentos y directivas —muchas veces contradictorias entre sí—, se genera un fenómeno nocivo: la inseguridad jurídica.

Para un agente económico, sea una gran empresa de infraestructura o una PYME, el costo de monitorear, entender y cumplir con un marco legal cambiante es altísimo. Esto se traduce en lo que llamamos costos de transacción. Si estos costos superan los beneficios de la formalidad, la norma no solo es ineficaz, sino que empuja a los actores hacia la informalidad o paraliza la inversión.

Calidad Regulatoria vs. Cantidad Legislativa La eficacia de una norma no se mide por su buena intención, sino por su capacidad de ser cumplida y por los incentivos que genera. En mi experiencia analizando marcos regulatorios para proyectos de inversión, he identificado tres pilares que faltan en la producción legislativa actual:

  1. Análisis de Impacto Regulatorio (RIA): Antes de emitir una norma, ¿hemos calculado sus costos y beneficios? ¿Existe una alternativa no regulatoria más eficiente?

  2. Estabilidad: Los proyectos de largo plazo, como las Asociaciones Público-Privadas (APP), requieren reglas de juego predecibles en el tiempo. El cambio constante de reglas ahuyenta el capital serio.

  3. Simplicidad: Una norma eficaz debe ser fácil de entender y de fiscalizar. La complejidad innecesaria es el refugio de la corrupción y la ineficiencia.

Conclusión El desarrollo económico del Perú no depende de tener más leyes, sino de tener mejores leyes. Necesitamos transitar de un modelo de producción normativa masiva a uno de calidad regulatoria. Una norma eficaz es aquella que facilita la actividad económica, protege derechos de manera eficiente y reduce los costos de transacción para el ciudadano. Menos, muchas veces, es más.